Desde los años noventa, las políticas agrarias en España y Europa cambiaron drásticamente, pasando de un enfoque productivista a uno que desincentiva actividades agrarias no competitivas, dejando a los productores en una situación de endeudamiento y escasa rentabilidad. La entrada de España en la CEE en 1986 y la adopción de la PAC llevaron a una competencia desleal frente a productos de países con menores costos, además de la necesidad de adaptarse a unas directrices defienden la sostenibilidad y la reducción de la producción. Los cambios introducidos buscan mejorar la competitividad del sector agrario, abordando las problemáticas del medio ambiente y el desarrollo rural.